La Directora General del Centro Cultural de la República El Cabildo, Margarita Morselli de Codas, promovió querella criminal y acusación por calumnia, difamación e injuria contra: Nicolás Darío Latourrette Bo, Nila López, Nora Robles, Alfredo Vaesquen y Lorenzo Orué Acosta.
En el escrito, la afectada solicita se les aplique la pena máxima apicable y el pago, como mínimo, de G 1.000 millones en concepto de pena adicional y en calidad de composición.
Así lo informó su representante legal Luis Escobar Faella.
Este explicó que la querella tiene su razón en las publicaciones realizadas en la red social Facebook, primero por Nicolás Darío Latourrette Bo, y luego por Nora Robles, Alfredo Vaesquen, y Lorenzo Orué Acosta.
Las publicaciones en la mencionada red social se hicieron desde la página Cultura para todos.
«A través de las numerosas publicaciones realizadas por medio de Facebook las citadas personas han solicitado, primero que la Sra. Morselli de Codas sea removida del cargo que ocupa para luego pasar a dirigir contra la mismas epítetos de grueso calibre», expone la denuncia.
Añade que las personas ahora querelladas emitieron «juicios de valor que afectan el buen nombre, reputación, honor y trayectoria profesional de la hoy querellante.»
«Se han presentado inclusive a un programa televisio en el cual han manifestado que existiría un mal manejo en la administración en el Cabildo, con un despilfarro de los fondos públicos, tráfico de influencias, apropiación de obras intelectuales, llegando inclusive a afirmar que la hoy querellante se dedicaría a la trata de personas, oficiando de caficha del Congreso», añade el documento.
«Lo que empezó siendo una crítica a mi decisión de promover la inconstitucionalidad contra la disposición que me obligaba a aceptar mi jubilación, prosiguió con el cuestionamiento de los años que llevaba al frente de la institución el Centro Cultural la República el Cabildo y a los programas implementados durante todos esos años», agregó Morselli.
La misma recordó que dichos programas no se deben exclusivamente a su gestión, sino al ámbito institucional donde se desenvuelven.
Reconoció que las críticas son un «derecho ciudadano plausible y consustancial con la democracia y al cual desde luego cualquier funcionario se encuentra expuesto.»
«Pero en un momento toma un giro de ataque personal y en vez de buscar los mecanismos institucionales para impugnar los hechos que pudieran afectarlos se ocupan directamente de provocar agravios personales y menoscabar la personalidad y el honor que con orgullo llevo conmigo», protestó.
«Incluso afectan a miembros cercanos de mi familia. Esto trasciende la mera crítica ciudadana y se centra única y exclusivamente a proferir palabras textos y frases denigrantes hacia mi persona e incluso atribuyéndome la comisión de hechos punibles en el ejercicio de mi función qué tienen que ver con la administración de fondos públicos», amplió.
de los cuales en ningún momento he sido responsable ni he tenido el manejo de los mismos ni tan siquiera la potestad de contraer obligaciones que puedan atribuirme como Directora de la institución que dirijo pues ellos no me competen organizacionalmente.-
El caso está a cargo de la Jueza Elsa García Hulskamp, quien se encuentra ahora analizando la cuestión.
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