La Agencia Télam divulgó que efectivos de Prefectura Naval Argentina detuvieron esta mañana al exvice presidente de ese país, Amado Boudu, Número Dos del Poder Ejecutivo argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández. También fue aprehendido José María Nuñez Carmona, supuesto testaferro de Boudou.

Inicialmente se lo derivó a la sede de la División de Investigaciones Penal Administrativa (DIPA), de Prefectura Naval. Luego será trasladado a los Tribunales Federales de Comodoro Py para ser indagado por el juez Ariel Lijo, amplia la información.

La aprehensión de Boudou se concretó en el barrio porteño de Retiro. El economista y político es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El juez Lijo también citó a indagatoria sin ordenar apresar a la ex novia del ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner, Agustina Kampfer, y a otros dos acusados, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López.

El magistrado que ordenó la detención de Boudou justificó su determinación mencionando que el encausado “desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como Vicepresidente de la Nación”.

“Cabe destacar que Amado Boudou ejerció el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y posteriormente el de Vicepresidente de la Nación, lo que lo ubicó en las más altas esferas de influencia del poder estatal durante un extenso período. Esta influencia puede ser extendida a José María Núñez Carmona, a quien el Fiscal señaló como quien revestía el carácter de persona interpuesta de Boudou. De igual modo se ha acreditado el estrecho vínculo entre ambos”, afirmó el magistrado en la orden de detención.

Lijo también dispuso comenzar los pasos judiciales para garantizar el recupero de bienes y dinero que según la Justicia fueron obtenidos de manera ilícita.

Para el magistrado, la complejidad de la investigación en la que el 10 de octubre pasado se recibió una pericia contable que duró dos años y en la que el fiscal del caso Jorge Di Lello hizo un requerimiento parcial de justificación de bienes es un “derrotero” que “permite a los investigados continuar realizando operaciones que facilitarían la constante alteración y ocultamiento de su situación patrimonial, intencionalmente confusa”.